Según el reciente estudio de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi), los conflictos sociales y vulneración de los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas se intensificaron en los años 90 con el gobierno de Alberto Fujimori.

“La dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000) impuso una Constitución que arrasó con los derechos económicos, sociales, laborales y ambientales en general, y en particular con los derechos colectivos de los pueblos indígenas (territorio, autodeterminación, consulta y consentimiento previo, libre e informado)”, señala el informe.

La Caoi asegura que Fujimori benefició a grandes empresas de minería a través de convenios de estabilidad tributaria y jurídica, permitiendo que esas empresas mineras operaran en todo el país. Los gobiernos sucesivos no modificaron la legislación vigente hasta hoy.

Según el estudio, la minería que antes abarcaba dos millones de hectáreas en el Perú, se expandieron a más de quince millones de hectáreas a fines de los años 90. Las zonas “clásicas” de la actividad minera, como Pasco, Junín, Moquegua, Tacna, Arequipa, se sumaron nuevos proyectos de gran envergadura en Ancash, Cajamarca, La Libertad, Cusco y se inició una expansión a zonas donde no hubo actividad minera de gran escala anteriormente, como Piura o Apurímac.

“Desde los años noventa, la respuesta del Estado peruano a la conflictividad social es la criminalización de la protesta: represión indiscriminada, con torturas y asesinatos incluidos, persecución policial y judicial a líderes comunales y activistas ambientales. Lo más grave es que se han emitido normas inconstitucionales para penalizar la protesta” afirma el estudio.

Consecuencia de esta expansión minera los conflictos sociales también se incrementaron. Según el reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo correspondiente a mayo 2011, en el Perú hay 227 conflictos sociales, de los cuales 117, es decir el 51,5% (más de la mitad) son conflictos socioambientales.

Actualmente en el Perú operan 80 compañías mineras canadienses. Las más grandes son: Teck Cominco, socia del consorcio Antamina, en la Región Ancash. Pan America Silver, en las regiones Junín, La Libertad y Pasco. Sulliden Shahuido, en la Región Cajamarca. La mayor de todas: Barrick Gold Corporation.

Barrick es la mayor productora de oro en el mundo. Tiene más de 27 minas operando en los cinco continentes. En el Perú es la segunda productora de oro, con el 21.8% de participación. Se constituyó en el país como Minera Barrick Misquichilca en enero de 1994, un año después de promulgada la Constitución fujimorista, e inició sus operaciones en 1998. Actualmente controla 145,192 hectáreas y opera dos minas: Pierina en la Región Ancash y Lagunas Norte en la Región La Libertad, siendo además propietaria del yacimiento Irene I-500 en la Región Ancash.

La Caoi, asegura que Barrick no paga regalías en el Perú debido a los Contratos de Garantía y Medidas de Promoción de la Inversión, conocidos también como contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa. Las numerosas protestas de la población en la región Ancash contra la empresa canadiense Barrick Gold, han sido por el no pago de impuestos adeudados al Estado por un monto de 141 millones de dólares, además de la contaminación del ambiente, especialmente las aguas.

Según la Caoi, las comunidades rechazan al proyecto minero por la contaminación y la afectación a sus campos agrícolas por medio de la venta de sus tierras y la reubicación; perciben también una competencia por los recursos escasos, como son el agua, la tierra, el medio ambiente y el hábitat. Además, consideran que el Estado y los gobiernos locales monopolizan el poder de decisión de contratos con la minera sin consultar a las comunidades y tienen la percepción de que el crecimiento experimentado por la minería en los últimos años carece de control y de regulación por parte del Estado y gobierno local.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) reúne a las organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina. Su principal objetivo es el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, en particular la autodeterminación, la defensa territorial, la consulta y consentimiento previo. Su propuesta central es la construcción del Buen Vivir y de Estados Plurinacionales.