Este llamado de la Iglesia Católica a los gobiernos latinoamericanos, forma parte del Documento Conclusivo (recientemente publicado) del Seminario Internacional sobre la problemática de la minería extractiva en América Latina, realizado en Lima, del 14 al 16 de junio, 2011.

El documento fue  elaborado con los aportes del seminario y  aprobado por los  obispos, arzobispos, sacerdotes, religiosas,  líderes  sociales, profesionales y académicos de 17 países de América Latina y El Caribe; Norteamérica  y Europa.

El documento señala que existe un “comportamiento irresponsable por parte de las empresas transnacionales” porque en el desarrollo de sus actividades no se rigen por los estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente, mientras que muchos Estados nacionales permanecen “indiferentes o pasivos” frente a estas prácticas indebidas.

Afirma también, que los aportes tributarios de las empresas extractivas incrementan sustantivamente los ingresos del Estado. Pero por otra parte hay exoneraciones o convenios de estabilidad comercial, tributaria y ambiental que minimizan dichas aportaciones.

El documento conclusivo sostiene que las actividades extractivas mayormente son realizadas por empresas privadas transnacionales y, frente al poder económico de éstas, se observa un debilitamiento de los estados nacionales y de su soberanía sobre todo en los niveles de gobierno local. Muchas veces los gobiernos nacionales no cumplen satisfactoriamente su función de generar y exigir el cumplimiento de las normas nacionales de protección del ambiente, permitiendo la flexibilización de los marcos regulatorios y usando los vacíos legales a favor de las empresas, en lugar de defender y proteger los derechos de la población que es la responsabilidad fundamental de todo Estado.

El documento asegura que existe un incremento de la corrupción y un debilitamiento de la gobernabilidad así como del sistema de justicia. Muchas veces se “comprueba” una falta de transparencia acerca de los contenidos de los documentos que regulan las relaciones entre el Estado y las Empresa extractivas, entre otros: contratos de concesión; estudios de impacto socio-ambiental; informes de monitoreo ambiental del ejercicio de emprendimiento.

El texto también señala que, de parte del Estado a menudo no se practica la consulta previa a los pueblos indígenas, posibles de ser afectados, la cual debe ser ejecutada a través del Estado sin delegación a los sectores privados, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT en su Art.6.2, y la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en su Art.19.

El documento exhorta al Estado a que, antes de autorizar el inicio de cualquier actividad extractiva, garantice la consulta previa así como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Las normas legales de la mayoría de los países de América Latina prevén que el Estudio de Impacto Ambiental sea realizado por las Empresas concesionarias antes de realizar el proyecto extractivo, como parte de las condiciones que lleven a su aprobación. Los EIA son, por lo tanto, un documento de las partes interesadas. Por esta razón es necesaria que la función pública de revisión de los EIA sea realizada con imparcialidad y según criterios científicos internacionalmente establecidos. También la Iglesia exhorta al Estado a informar a la población adecuadamente sobre los resultados del estudio.

A partir de  las conclusiones plasmadas en el documento, la Iglesia Católica a través del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM -presidida por Pedro Barreto Jimeno, SJ.- se compromete a seguir promoviendo el diálogo entre la Iglesia Católica latinoamericana y las Conferencias Episcopales de los Estados Unidos, Canadá y Europa sobre las cuestiones  de las industrias extractivas y la misión de la Iglesia. Incentivar a los Estados “la investigación y la explotación de energías limpias que preserven el patrimonio de la creación y sean inofensivas para los seres humanos” y recalca que estas deben ser prioridades políticas y económicas.

Monseñor Pedro Barreto Jimeno, SJ. es Arzobispo de Huancayo y actual Presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) de la Conferencia

Aquí el Documento conclusivo